Los autores del documento iniciaron la transferencia de competencias para elaborar protocolos de “aparcamiento” a la Policía Nacional, con posterior transferencia al tribunal para que decida sobre la imposición de una multa o la exención de la misma.
Los redactores del documento creen que el aumento de la responsabilidad reducirá el número de atascos y accidentes al garantizar que los conductores cumplan las normas de tráfico de forma más escrupulosa.
Cabe señalar que los coches que bloquean la carretera son evacuados a lotes de incautación y devueltos a sus propietarios tras pagar una multa. Los camiones pesados no pueden ser evacuados debido a su gran peso.